La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, sea reconocida como Lugar de Memoria por su vinculación con el franquismo.
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Considera “una barbaridad” dicha declaración, a pesar de que el edificio albergó la Dirección General de Seguridad, donde cientos de personas fueron torturadas durante la dictadura. Este gesto no solo desestima la historia, sino que perpetúa la invisibilización de las víctimas del régimen.
El Partido Popular de Madrid ha presentado alegaciones al expediente impulsado por el Ministerio de Presidencia, argumentando que vincular el edificio con el franquismo es «injusto». Sin embargo, los testimonios y registros históricos dejan poco espacio para el debate.
La DGS fue un símbolo de represión política, donde innumerables activistas, disidentes y ciudadanos fueron víctimas de brutales interrogatorios. Declararlo Lugar de Memoria no solo honraría a quienes lucharon por la democracia, sino que permitiría educar sobre los horrores de la dictadura.
La negativa de Ayuso refleja una tendencia preocupante: la resistencia a confrontar el pasado oscuro de España. En lugar de reconocer la importancia de la memoria histórica como herramienta de justicia, se opta por borrar las huellas del dolor.
Esto no es un debate sobre edificios, sino sobre el derecho de las víctimas a ser recordadas y el deber de la sociedad de aprender de su historia.
Reconocer la historia no divide, sino que sana. Mientras que países como Alemania han convertido antiguos centros de tortura en museos de memoria, España aún lucha con su legado.
¿Cómo podemos avanzar hacia una democracia plena si seguimos silenciando el pasado? Es momento de apostar por la verdad, la justicia y la reparación. ¿A quién beneficia el olvido?
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