María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen: 65ymas.com : El Solidario. Ayuso reduce a mínimos el presupuesto para las universidades públicas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un presupuesto para 2025 que ha generado una ola de críticas por parte de las seis universidades públicas de la región. La propuesta incluye un incremento irrisorio del 0,9% en la financiación de estas instituciones, muy por debajo del 18% que los rectores consideran necesario para garantizar su funcionamiento adecuado.
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El presupuesto destinado a la educación superior pasará de 1.116.901.468 euros a 1.122.369.999 euros, lo que representa un aumento de apenas 5.468.531 euros a repartir entre seis universidades. Este incremento es significativamente menor al del año anterior, que fue del 5,84%. Los rectores han señalado que esta cifra no cubre ni siquiera el impacto de la inflación, estimada en un 2,1% para 2025.
Protestas de la educación pública madrileña
Las universidades públicas madrileñas han alertado sobre la insostenibilidad económica que imposibilita mantener la calidad del servicio público. La falta de recursos afecta directamente a la capacidad de las universidades para cubrir el incremento salarial acordado por el Gobierno central, financiar las exigencias de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas.
Los rectores han expresado su profunda preocupación en una carta abierta a Ayuso, destacando que la partida destinada a subvenciones enmascara un descenso real en la financiación de las universidades, agravando el déficit estructural. Además, han solicitado que se elabore un modelo de financiación plurianual y que se aumente considerablemente la partida de infraestructuras, actualmente congelada en 7,6 millones de euros desde 2014.
La reducción del presupuesto para las universidades públicas en Madrid representa un grave retroceso en la defensa de la educación pública y la igualdad de oportunidades. Es fundamental que la sociedad y las instituciones tomen conciencia de esta realidad y actúen para garantizar una financiación adecuada que permita a las universidades cumplir con su misión educativa y social.
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