Andalucía enfrenta una creciente segregación de migrantes en barrios y asentamientos precarios
Delismar González Tortolero 
El VI Informe presentado destaca la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan la inclusión social y combatan las condiciones de precariedad y exclusión que enfrentan estas comunidades.
Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en colaboración con varias universidades y organizaciones sociales, ha alertado sobre la creciente segregación de migrantes en barrios periféricos y asentamientos agrícolas de la región. El VI Informe presentado destaca la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan la inclusión social y combatan las condiciones de precariedad y exclusión que enfrentan estas comunidades.
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El informe, elaborado con la participación de instituciones como la Universidad de Sevilla, Fundación CEPAIM y Oxfam Intermón, señala que la población migrante en Andalucía vive inmersa en dinámicas de privación, explotación y subordinación, especialmente en zonas agrícolas y barrios periféricos .
Entre las recomendaciones, se insta a las autoridades a ampliar la vivienda social, mejorar los servicios educativos y sanitarios, y fomentar la convivencia intercultural en los barrios más afectados. Además, se propone diseñar una gobernanza participativa que incorpore la visión de los actores sociales y vecinales sobre los retos existentes .
Casos como el de Níjar, en Almería, donde trabajadores migrantes del sector agrícola viven en condiciones inhumanas en asentamientos chabolistas sin acceso adecuado a servicios básicos, ejemplifican la gravedad de la situación . A pesar de algunos esfuerzos de las administraciones y organizaciones privadas para realojar a los migrantes, la falta de coordinación y la escasez de acciones concretas perpetúan un problema que lleva más de 25 años sin resolver.
La creciente segregación de migrantes en Andalucía no solo refleja una crisis de inclusión social, sino también una falta de voluntad política para abordar las desigualdades estructurales. Urge que las administraciones públicas implementen políticas efectivas y participativas que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y cohesionada.}
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