Almeida deja en la calle a cientos de vulnerables al romper el convenio con entidades sociales
Fausto 
Ilustración: El Solidario. La decisión de Almeida pone en jaque no solo la dignidad de cientos de personas, sino también el tejido solidario que entidades sociales han sostenido durante años.
A días de acabar este 2024, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha decidido no renovar el convenio con 27 entidades sociales que ofrecen viviendas temporales a personas en extrema vulnerabilidad.
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Este acuerdo, gestionado a través de la EMVS, daba cobijo a familias en riesgo de exclusión, refugiados y víctimas de violencia de género. La medida dejará a cientos de personas sin alternativa habitacional, en una acción que evidencia la falta de empatía hacia los más desfavorecidos.
El convenio, que permitía a estas entidades gestionar viviendas de titularidad pública, ha sido clave en la atención a colectivos en situación crítica. La decisión del gobierno municipal, que alega «reevaluaciones presupuestarias», ha generado una ola de críticas por parte de las ONG afectadas, que advierten del impacto devastador en pleno invierno.
Los más vulnerables, en la calle
Madres de menores con enfermedades graves, víctimas de violencia machista, jóvenes en exclusión social, personas LGTBI que han sufrido discriminación, personas sin hogar y otros perfiles altamente vulnerables quedarán desprotegidos en Madrid a partir del 31 de diciembre, enfrentándose a la calle sin ninguna alternativa habitacional tras la decisión del Ayuntamiento.
La ruptura de este acuerdo no solo despoja de refugio a quienes más lo necesitan, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión pública de recursos esenciales. Frente a un Ayuntamiento que presume de superávit, ¿cómo justificar que no se garantice un derecho humano tan básico como la vivienda?
El argumento de «optimización de recursos» contrasta con las inversiones en infraestructuras que no abordan la emergencia social. Si bien el Ayuntamiento ha señalado que destinará parte de las viviendas a alquileres asequibles, las familias que dependen de este convenio no podrán asumir siquiera esas tarifas.
En una realidad en el que la vivienda es un eje de desigualdad creciente, la decisión de Almeida pone en jaque no solo la dignidad de cientos de personas, sino también el tejido solidario que entidades sociales han sostenido durante años.
¿Es esta la política que prioriza a las personas, o se trata de un modelo que margina aún más a quienes ya están en el abismo?
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