El incremento de embarazos en niñas entre 10 y 14 años en Bogotá es motivo de gran preocupación.
Este fenómeno, que afecta principalmente a familias de comunidades migrantes e indígenas, representa un grave problema social y de derechos humanos que requiere una acción urgente.
Violencia sexual: La raíz del problema
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, muchos de estos embarazos son resultado de abusos sexuales; un delito que debe ser tratado con la máxima seriedad.
El director de la entidad, Gerson Bermont, señaló que la gran mayoría de los 151 casos reportados en 2023 implican violencia; y por tanto, deben ser investigados. Las cifras son alarmantes, ya que reflejan un aumento en comparación con los casos reportados en 2022.
Comunidades vulnerables en riesgo
Las localidades de Santa Fe, Candelaria y Los Mártires, en el centro histórico de Bogotá, registraron los mayores incrementos.
Las comunidades migrantes e indígenas, especialmente los Embera, son las más afectadas. En estas comunidades, los embarazos en niñas son a menudo vistos como algo natural debido a prácticas culturales arraigadas. Sin embargo, como Bermont subraya, es vital educar a estas comunidades para proteger la infancia. Del mismo modo, la educación es la mejor herramienta para evitar la perpetuación de ciclos de pobreza y violencia.
Colombia y el contexto regional
Colombia es el segundo país de América Latina, después de México, con la mayor incidencia de embarazos en menores. La situación es aún más crítica en las zonas rurales.
Los datos también revelan que los agresores suelen ser hombres mayores de edad, lo que agrava la situación. Es fundamental que se haga justicia para las víctimas y que se fortalezcan las políticas públicas que protejan a las niñas de estos abusos.
El aumento de embarazos en niñas es una emergencia que exige atención inmediata. Es crucial defender los derechos de las niñas y asegurar que puedan crecer en un entorno seguro, libre de violencia y con acceso a la educación.
Fuente: Infobae