Adolescentes de Senegal y Mali enfrentan condiciones precarias en centros de acogida desbordados
Delismar González Tortolero 
Las Islas Canarias albergan actualmente a más de 5.800 menores migrantes no acompañados, principalmente adolescentes varones de entre 12 y 17 años
Las Islas Canarias albergan actualmente a más de 5.800 menores migrantes no acompañados, principalmente adolescentes varones de entre 12 y 17 años procedentes de Senegal, Mali, Gambia y Marruecos.
Estos jóvenes, que huyen de la pobreza, la violencia y el cambio climático, se enfrentan a condiciones de acogida precarias en centros saturados, donde se han documentado denuncias de malos tratos y falta de atención adecuada. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Plataforma de Infancia exigen una respuesta urgente y coordinada que garantice el respeto a los derechos de estos menores y su integración en la sociedad.
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El perfil predominante de los menores migrantes en Canarias es el de adolescentes varones de entre 12 y 17 años, originarios de países como Senegal, Mali, Gambia y Marruecos. Estos jóvenes emprenden peligrosas travesías marítimas en busca de un futuro mejor, huyendo de contextos marcados por la pobreza extrema, conflictos armados y los efectos devastadores del cambio climático.
A su llegada a Canarias, muchos de estos menores son alojados en centros de acogida que operan muy por encima de su capacidad. Según datos recientes, las islas cuentan con más de 80 centros que albergan a cerca de 5.860 menores, a pesar de que su capacidad óptima es de aproximadamente 2.000 plazas.
Esta sobrecarga ha derivado en condiciones de vida inadecuadas y en la imposibilidad de ofrecer una atención individualizada y de calidad.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos de malos tratos en estos centros, incluyendo castigos excesivos, aislamiento y privación de necesidades básicas. Además, se ha señalado la falta de mecanismos adecuados para que los menores puedan presentar quejas de manera confidencial y sin temor a represalias.
Ante esta situación, entidades progresistas y defensores de los derechos humanos, como la Plataforma de Infancia, han instado al Gobierno español y a las comunidades autónomas a asumir una responsabilidad compartida en la acogida de estos menores.
Proponen una reforma de la Ley de Extranjería que permita una distribución equitativa de los menores entre las distintas regiones del país, garantizando así una atención digna y adecuada para todos.
La crisis de los menores migrantes en Canarias no es solo un desafío logístico, sino una prueba de los valores y principios que rigen nuestra sociedad.
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