En un movimiento que podría desencadenar un conflicto competencial, el Gobierno central está considerando llevar ante el Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de acogida de migrantes implementado por el Gobierno de Canarias.
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Este protocolo, que entró en vigor el pasado jueves, ha sido criticado por ser más estricto y rígido en los trámites de acogida, especialmente para los menores migrantes.
Protocolo controversial y burocrático
El nuevo protocolo canario establece una serie de trámites burocráticos que ralentizan la acogida de menores migrantes, incluyendo la necesidad de una “resolución individualizada” emitida por el Estado.
Según el Gobierno central, esta medida no solo es inconstitucional, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los menores, al dejarlos en una situación de desamparo durante el proceso.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el inicio de un conflicto competencial con el Gobierno canario, argumentando que el nuevo protocolo delega en el Estado una responsabilidad que corresponde a la comunidad autónoma.
La Fiscalía Superior de Canarias ya ha advertido al Gobierno autonómico del riesgo de incurrir en un delito de abandono si no se acoge a los menores de forma inmediata.
La Fundación Raíces ha señalado que la burocracia excesiva no debe ser una excusa para retrasar la acogida de menores vulnerables. Además, el Ministerio de Juventud e Infancia ha preparado un informe jurídico que defiende que el nuevo protocolo canario vulnera los derechos fundamentales de los menores.
La situación en Canarias pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más humano y eficiente en la acogida de migrantes, especialmente de menores. Es crucial que las políticas migratorias respeten los derechos humanos y garanticen la protección de los más vulnerables.
¿Hasta cuándo permitiremos que la burocracia y las disputas competenciales pongan en riesgo la vida y el bienestar de los menores migrantes?
FUENTES: El Plural : El País : La Voz de Galicia : El Diario