A un año y medio de la aprobación de la Ley de salud sexual, solo cinco comunidades autónomas han creado el registro de objetores de conciencia del aborto: La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias. Este registro es crucial para garantizar que las mujeres en España puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública sin enfrentarse a obstáculos innecesarios.
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Autonomías incumplen la ley
Aunque la ley permite recurrir a la sanidad privada en casos específicos, la falta de este registro en la mayoría de las autonomías perpetúa las dificultades para acceder al aborto. Incluso en las regiones donde el registro existe, como en La Rioja, la alta cantidad de objetores entre los ginecólogos (23 de 26) sigue siendo un problema.
La falta de avances en la creación de estos registros se debe, en parte, a la ausencia de un protocolo específico que debería ser desarrollado por el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Algunas comunidades autónomas culpan a este ministerio, mientras que otras afirman estar trabajando en la implementación del registro.
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