La disolución de las Cortes ha hecho decaer de forma automática todas las iniciativas que estaban en trámite, y entre ellas hay varios proyectos de igualdad que llevaban meses esperando. El caso más sensible es el de la ley contra la violencia vicaria: el Consejo de Ministros la aprobó el 14 de julio y la remitió al Congreso.
El texto convertía la violencia vicaria, la que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre, en una circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal. Además incluía medidas sobre la patria potestad, la custodia y el régimen de visitas, y obligaba a escuchar a los menores. Ahora tendrá que volver a empezar con las nuevas Cortes.
No es el único proyecto afectado. El anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, aprobado en marzo de 2024, iba a abarcar todas las formas de trata, según anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a conceder un permiso provisional de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular. También decae la regulación de la profesión de agente de igualdad, que había sido criticada por las asociaciones APCG y FEPAIO.
Quedan además en el aire la reforma de la LOPIVI, que prohibiría aplicar el llamado síndrome de alienación parental y restringiría la custodia compartida en casos de violencia, y la Ley de Familias.
Hasta que se formen las nuevas Cortes tras las elecciones del 29 de noviembre y se retome la tramitación, ni las víctimas de violencia vicaria ni las de trata tendrán esa norma específica.
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