El Gobierno de Castilla y León, con la Consejería de Cultura en manos de Vox, ha introducido nuevas condiciones para las ayudas destinadas a la producción y distribución cinematográfica. La convocatoria establece que los fondos públicos no podrán financiar películas, documentales o pilotos de series que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
La medida afecta a las subvenciones destinadas a la preproducción, producción y distribución de largometrajes de ficción y documentales, así como a episodios piloto de series de animación y televisión. La orden señala que las actividades deberán respetar los principios de objetividad, neutralidad institucional y pluralismo.
Sin embargo, el texto aprobado por la Junta no establece qué criterios se utilizarán para determinar cuándo una producción incurre en adoctrinamiento ideológico o propaganda partidista, una indefinición que abre interrogantes sobre la aplicación de la norma.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado a Vox de impulsar «más censura» y ha defendido la libertad de creación frente al control ideológico. Vox gestiona actualmente tres consejerías en el Ejecutivo autonómico presidido por el PP.
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