La Unión Europea limitará a 10.000 euros los pagos en efectivo por bienes y servicios a partir del 10 de julio de 2027. La medida forma parte del nuevo paquete europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se aplicará en los 27 Estados miembros.
El nuevo límite afectará a las operaciones comerciales en las que intervenga una empresa o un profesional. Además, la norma impedirá fraccionar un pago en varias operaciones vinculadas para intentar esquivar el máximo establecido.
Sin embargo, el cambio tendrá un impacto limitado en España, donde ya existe un límite mucho más bajo. La legislación española prohíbe realizar pagos en efectivo de 1.000 euros o más cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Los límites nacionales inferiores podrán mantenerse pese a la nueva regulación europea.
La restricción europea no supone la desaparición del dinero en efectivo ni impide utilizarlo en las compras habituales. Tampoco se aplica de la misma manera a las operaciones entre particulares que actúan fuera de una actividad profesional.
El objetivo de Bruselas es dificultar las operaciones con grandes cantidades de dinero no trazable y reforzar el control sobre posibles actividades ilícitas.
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