Canarias no ha terminado ninguna vivienda protegida desde 2023. Es el balance que se desprende de los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que cubren desde 1990 hasta junio de 2026 y sitúan al archipiélago entre las comunidades que menos vivienda protegida han concluido desde 2019. La media en ese periodo es de 36 viviendas al año.
Durante la legislatura 2019-2023, con el Pacto de las Flores y Ángel Víctor Torres al frente del Ejecutivo, se terminaron 268 viviendas: 60 en 2019 y 208 en 2022. El actual Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y PP, presidido por Fernando Clavijo, no ha entregado ninguna. Las dos partes discrepan sobre la herencia: el PSOE recuerda que varias de las promociones que Clavijo presenta como propias se iniciaron con Torres.
En Canarias, el mercado libre tampoco tira. En el primer semestre de 2026 se terminaron 1.574 viviendas libres, frente a las 3.152 de todo 2025; el máximo histórico fue de unas 29.600 en 2008. El archipiélago tiene unos 2,2 millones de habitantes y recibió 18,4 millones de turistas en 2025. Además, el Gobierno canario no ha activado hasta ahora el mecanismo estatal para limitar las subidas del alquiler en zonas tensionadas, pese a las peticiones de algunos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria.
El problema no es solo canario. Desde 2023, España ha entregado 47.000 viviendas públicas protegidas, frente al objetivo del Gobierno central de 184.000; en la segunda legislatura de Mariano Rajoy fueron 18.000. El Banco de España calcula un déficit de 750.000 viviendas públicas. La vivienda pública representa el 1,5 % del parque nacional, frente al 7,1 % de media de la OCDE, el 14 % de Francia o el 16,4 % del Reino Unido; Viena, citada habitualmente como ejemplo, llega al 60 %.
Conviene tener presente que las cifras recogen viviendas terminadas, no las que están en construcción ni las proyectadas.
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