La OCU ha denunciado a la inmobiliaria Engel & Völkers ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por exigir a los candidatos a inquilino unos honorarios equivalentes a una mensualidad de renta más IVA.
El cobro se articula con un contrato llamado «Encargo de Prestación de Servicios». Los honorarios se calculan según la renta y se devengan cuando el propietario acepta la oferta de alquiler. Según la OCU, el pago es imprescindible para que la candidatura llegue siquiera al propietario, así que no es voluntario. Otras cláusulas obligan a pagar si el consumidor desiste, cambia la oferta o alquila el inmueble más adelante.
El contrato incluye búsqueda y presentación de inmuebles, organización de visitas, valoración de la solvencia, negociación de condiciones y entrega de la vivienda. Para la OCU, eso es intermediación inmobiliaria de manual, aunque el documento diga que los servicios «no constituyen gestión inmobiliaria», una mención que, a su juicio, no cambia la naturaleza real de la actividad.
Y ahí está el problema legal. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador, no al inquilino. La organización añade que se vulnera la ley de defensa de consumidores porque se condiciona el acceso al alquiler.
La OCU pide que se abra una inspección, que Engel & Völkers deje de inmediato de cobrar estos gastos y que se sancione si se confirman las infracciones. Reclama además que intervenga la Administración General del Estado, porque el modelo está extendido y la red inmobiliaria tiene presencia en varias comunidades autónomas.
Son acusaciones de una organización de consumidores. La información disponible no incluye la versión de la empresa, ni cuántos inquilinos han pagado, ni en qué localidades.
Aun así, la denuncia toca una práctica que muchos inquilinos conocen: pagar antes de tener las llaves para que alguien los considere candidatos. Cuando acceder a un alquiler exige abonar una mensualidad por un servicio que la ley pone a cargo del casero, el mercado traslada el coste a quien tiene menos poder de negociación. Y quien necesita un techo acaba pagando por el privilegio de ser elegido.
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