Guardias armados expulsan a tiros a un equipo de prensa que investigaba minería ilegal junto a las Líneas de Nasca

Un equipo periodístico del semanario Hildebrandt en sus Trece fue expulsado a balazos el pasado 26 de septiembre mientras investigaba indicios de minería ilegal junto al Cementerio de Chauchilla, en la provincia de Nasca (Ica, Perú), a pocos kilómetros del yacimiento arqueológico protegido de las Líneas de Nasca. El periodista Adrián Sarria y el fotógrafo César Zamalloa cubrían la zona cuando agentes de seguridad privada dispararon al aire para forzar su salida.

Los agentes pertenecían a ProAgro, una empresa agroexportadora que opera en la zona. Uno de ellos, identificado solo por el apellido Cabanillas, exigió a los periodistas que se identificaran, alegó que se encontraban en una propiedad privada y llegó a admitir abiertamente el uso de las armas de fuego, además de proferir amenazas graves contra el equipo. Ni él ni el resto de guardias aceptaron identificarse por completo. La Policía Nacional acudió al lugar y levantó un acta de los hechos, pero los agentes se negaron a firmarla. No se reportaron heridos ni detenidos.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó lo ocurrido como una «grave vulneración a la libertad de expresión«, y recordó que intimidar con armas a un equipo de prensa para impedir que documente un posible delito ambiental es, en sí mismo, un ataque a la función pública del periodismo. El episodio se suma a una lista creciente de agresiones contra periodistas que investigan actividades extractivas irregulares en distintas regiones del país.

Lo ocurrido en Nasca no es un hecho aislado: refleja un patrón en el que empresas privadas recurren a la fuerza armada para blindarse del escrutinio público, mientras la minería ilegal sigue erosionando, casi siempre en silencio, entornos protegidos como el de las Líneas de Nasca, Patrimonio de la Humanidad. Cuando quienes deberían responder ante la ley optan por las armas para callar a la prensa, el mensaje que envían es claro: prefieren la impunidad a la transparencia.

Sin periodistas dispuestos a plantarse frente a ese tipo de amenazas, buena parte de estos abusos ambientales seguiría operando fuera de la vista pública. Proteger su trabajo no es solo defender un oficio: es defender el derecho de la sociedad a saber qué ocurre en los lugares que, sobre el papel, están protegidos.