El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos de vivienda que amplían el escudo antidesahucios hasta 2030 para las personas vulnerables sin alternativa habitacional, al tiempo que prorrogan automáticamente dos años los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. La medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda, beneficiará a cerca de 5 millones de inquilinos, según las estimaciones del Gobierno.
El decreto también congela las subidas de renta al 0% por encima del índice de referencia en zonas tensionadas, y las limita al 2% anual en el resto del país. Además, veta hasta 2028 la compra de vivienda por parte de fondos buitre, definidos no por su naturaleza jurídica sino por su comportamiento: adquirir pisos por debajo de precio de mercado para obtener beneficio rápido. Por primera vez, el texto regula también el alquiler de habitaciones y los contratos de temporada, que deberán justificar una necesidad real de temporalidad o pasarán a considerarse vivienda habitual, con las protecciones que eso implica.
No todo es indefinido. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció que la fecha de 2030 para el escudo antidesahucios responde a la «urgencia» de sacar adelante la norma, y que el objetivo real del Gobierno es convertirla en una protección estructural, sin fecha de caducidad. Sumar, socio de coalición, presionó en las negociaciones para lograr una renovación automática indefinida; el PSOE, por su parte, se resistió durante meses a regular el alquiler de habitaciones por temor a que la nueva normativa terminara perjudicando a los propios inquilinos vulnerables que dice proteger.
El decreto llega, además, con condicionantes financieros: los inquilinos con ingresos por debajo de 33.000 euros anuales tendrán bonificaciones fiscales, igual que los caseros que mantengan precios por debajo de mercado, y el ICO gestionará financiación al 0% de interés de hasta 50.000 euros para la entrada de una vivienda. Son parches importantes, pero parches al fin: cada Real Decreto-ley deberá convalidarse en el Congreso dentro de los próximos treinta días para no quedar derogado.
El escudo antidesahucios evita que miles de familias se queden en la calle, pero su fecha de caducidad —2028, 2030— recuerda que en España seguir teniendo un techo depende, todavía, de que el Congreso vote a tiempo.
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