Marinaleda, el pueblo andaluz donde el alquiler cuesta 20 euros y la vivienda nunca fue un problema

En Marinaleda, un pueblo de 2.600 habitantes en el interior de Sevilla, Pilar Prieto paga menos de 20 euros al mes por la casa en la que lleva viviendo 33 años. No es una anécdota aislada: es el resultado de un modelo de vivienda que el municipio construyó a contracorriente mientras el resto de España atraviesa la peor crisis habitacional de las últimas décadas.

El sistema se basa en la autoconstrucción: una empresa municipal levanta las viviendas mientras los futuros propietarios trabajan como peones en la obra. Las horas trabajadas se descuentan del precio final, los contratos son indefinidos y los pagos se adaptan a lo que cada familia puede permitirse. La última promoción, de 24 viviendas, cobra entre 15 y 20 euros de renta mensual. A eso se suman otros servicios municipales a precios simbólicos: la piscina cuesta 6 euros al mes, la guardería 12.

El modelo tiene también sus condiciones: se exige empadronamiento durante al menos dos años antes de poder solicitar una vivienda, y el Ayuntamiento veta la entrada de grandes constructoras y cadenas nacionales. El alcalde, Sergio Gómez, no cobra salario, y ningún concejal recibe remuneración por su cargo, una práctica heredada de la etapa de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el histórico dirigente que convirtió a Marinaleda en un laboratorio de políticas comunitarias.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía todavía no ha convocado las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla 718,2 millones de euros para la comunidad autónoma. La distancia entre ese dinero sin repartir y los 20 euros de Marinaleda resume buena parte del debate sobre la vivienda en España: no siempre falta presupuesto, a veces falta voluntad política para gestionarlo de otra manera.

Marinaleda no es una fórmula mágica ni exportable sin más a una gran ciudad. Pero demuestra algo que el mercado inmobiliario español parece haber olvidado: que la vivienda puede pensarse como un derecho colectivo y no solo como una mercancía. En un país donde millones de personas destinan buena parte de su sueldo a pagar un alquiler, ese recordatorio vale más que cualquier decreto.