Las enmiendas del PP a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia han provocado la preocupación de organizaciones de familias y profesionales, que advierten de que pueden abrir la puerta a una mayor segregación del alumnado con discapacidad. El Congreso deberá decidir este miércoles, 16 de septiembre, si ratifica o rechaza las modificaciones introducidas durante la tramitación en el Senado.
Una de las medidas más cuestionadas establece que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan ser escolarizados en centros ordinarios, centros de educación especial, aulas específicas o mediante escolarización combinada, situando estas modalidades al mismo nivel. Las entidades críticas consideran que esto convertiría la educación especial, hasta ahora planteada como respuesta excepcional, en una opción ordinaria.
Otra de las enmiendas plantea crear itinerarios educativos específicos para personas con discapacidad, determinados mediante una valoración individual de sus capacidades, necesidades de apoyo y posibilidades de desarrollo. Las organizaciones denuncian que este planteamiento podría establecer límites educativos vinculados a la propia discapacidad.
Además, una de las modificaciones elimina el objetivo de que los centros ordinarios dispongan de los recursos necesarios para atender adecuadamente a todo el alumnado con discapacidad.
Las asociaciones reclaman que la legislación refuerce los apoyos dentro del sistema educativo común y advierten de que está en juego el derecho a una educación inclusiva.
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