El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha agotado el presupuesto previsto para todo 2026 antes incluso de llegar a septiembre. El Gobierno había reservado 2.797 millones de euros para esta prestación a lo largo del año, pero a finales de agosto ya había gastado 3.550 millones, un 127% de lo presupuestado. Al ritmo actual, el gasto total rondará los 5.500 millones al cierre del ejercicio.
La razón del desfase no es un fallo de gestión, sino que el IMV está llegando, cada mes, a más gente. En agosto, la prestación beneficiaba a 893.820 hogares y 2.725.899 personas, un 16,9% más que un año antes. Casi siete de cada diez hogares perceptores (68,4%) tienen menores a su cargo, y los niños y niñas representan ya el 40,5% de todas las personas beneficiarias.
El perfil de estas familias dibuja con claridad quién sostiene los hogares más golpeados por la pobreza: el 68% de los titulares del IMV son mujeres, y una de cada cuatro familias con menores es monoparental. Los hogares beneficiarios tienen de media 3,05 personas, frente a las 2,5 del conjunto de España, con 1,81 hijos por familia.
El propio diseño de la prestación, sin embargo, penaliza a los menores según crecen. El complemento por cada hijo es de 115 euros al mes si tiene menos de 3 años, baja a 80,50 euros entre los 3 y los 6, y se queda en solo 57,50 euros entre los 6 y los 18. A partir de la mayoría de edad, desaparece. La ayuda se reduce justo cuando los gastos escolares empiezan a pesar más en la economía familiar.
El Gobierno tendrá que recurrir ahora a un crédito extraordinario para cubrir el desfase, en un año marcado además por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado nuevos: España sigue funcionando con las cuentas prorrogadas, lo que obliga a improvisar partidas cada vez que un programa social se queda corto.
El IMV, pensado como último escudo contra la pobreza extrema, está demostrando que la necesidad es mayor de lo que el propio Estado había calculado. La pregunta de fondo no es si el presupuesto alcanza, sino por qué una prestación que sostiene a casi tres millones de personas sigue dependiendo de parches presupuestarios en lugar de una previsión acorde a la realidad social.
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