El Gobierno lleva desde julio negociando con Junts para sacar adelante el decreto de vivienda, aplazado ya dos veces por falta de apoyos suficientes en el Congreso. El texto incluye medidas pensadas para proteger a los inquilinos: prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028, suspensión de los desahucios cuando la familia afectada no tenga una vivienda alternativa, y deducciones fiscales para los jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen su primera vivienda.
El decreto también limita a un máximo de 12 meses los alquileres de temporada y regula el alquiler por habitaciones, para que la suma de los precios de cada habitación no supere el coste de la vivienda completa. Además, prevé que las comunidades autónomas compensen a los propietarios que sufran impagos o daños durante el tiempo en que un desahucio quede suspendido por ley.
Pero Junts condiciona su voto a cambios que van mucho más allá de ese texto. El partido reclama deducciones fiscales para todos los propietarios e hipotecados, no solo para los jóvenes, y exige medidas para agilizar los desahucios en casos de ocupación ilegal, a las que llama medidas «antiokupa». Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que, cada vez que se sientan a negociar, Junts «abre carpetas de otros asuntos» ajenos al decreto, alargando el bloqueo semana tras semana.
A la resistencia de Junts se suma la de Podemos, que rechaza la reforma de la ley del suelo incluida en el decreto por considerar que abre la puerta a «más especulación y pelotazos urbanísticos» en vez de frenarla. El PNV, por su parte, pide condiciones más estrictas para la prórroga de los alquileres. El resultado es que, mientras los partidos negocian sus propias exigencias, miles de familias siguen sin la protección legal que el decreto debería haberles dado hace meses.
El Gobierno insiste en que solo llevará el decreto al Congreso cuando tenga los votos garantizados, consciente de que un tercer fracaso dejaría la vivienda, una vez más, sin ningún escudo legal frente a las subidas de precio y los desahucios. Fuentes gubernamentales describen el texto actual como «muy equilibrado» tras las reuniones con los grupos parlamentarios.
Mientras tanto, la premisa de que el derecho a una vivienda digna no debería depender de pactos de última hora entre partidos sigue, cada semana que pasa sin acuerdo, más lejos de cumplirse.
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