El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 707/2026, el primer reglamento de accesibilidad cognitiva de España, que desarrolla la Ley 6/2022 y obliga a administraciones y servicios esenciales a ofrecer la información en formatos comprensibles —lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas y apoyos visuales— sin coste adicional para quien los necesite.
La norma beneficia de forma directa a personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral o problemas de salud mental, y de forma indirecta a personas mayores con deterioro cognitivo, con dificultades de alfabetización o migrantes con limitaciones idiomáticas. Cubre ámbitos tan cotidianos como la sanidad —donde garantiza información accesible sobre tratamientos—, la justicia, el transporte, las telecomunicaciones, los espacios públicos y museos, los procesos electorales y la relación con la administración.
El desarrollo técnico de la norma recaerá en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), que elaborará las guías que deberán seguir tanto organismos públicos como entidades privadas. Según ha trascendido, buena parte de estas obligaciones no serán plenamente exigibles hasta 2027, lo que da margen a instituciones y empresas para adaptarse.
Hasta ahora, buena parte de la información pública —desde un consentimiento médico hasta una papeleta electoral— se ha diseñado pensando en un único tipo de lector, dejando fuera a millones de personas que la necesitan en un formato distinto para ejercer los mismos derechos que el resto. El reglamento de accesibilidad cognitiva no resuelve esa brecha de un día para otro, pero por primera vez la reconoce como una obligación legal, no como un gesto de buena voluntad.
Deja un comentario