Islandia celebra este sábado un referéndum para decidir si su Gobierno retoma las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, suspendidas desde 2013. Las encuestas muestran una contienda muy reñida, con el bando europeísta manteniendo una ventaja ajustada y en torno a un 8% de indecisos hasta mediados de agosto.
Lo curioso del proceso es su motor: buena parte del giro hacia Europa no responde a un entusiasmo repentino por Bruselas, sino al expansionismo de Donald Trump sobre Groenlandia. El presidente estadounidense mencionó a Islandia hasta cuatro veces al hablar de Groenlandia en Davos, llegando a decir que «Islandia ya nos ha costado mucho dinero».
El embajador designado por Trump para Reikiavik, Billy Long, llegó a bromear con que si Groenlandia se convertía en el estado 51 de Estados Unidos, Islandia debería ser el 52, un comentario que generó alarma entre la población islandesa y que la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, interpretó como una señal de que la geopolítica internacional «está ahora muy presente en la mente de la ciudadanía».
El país ya aplica cerca del 75% de la normativa comunitaria a través de su participación en el Espacio Económico Europeo y en Schengen, y una inflación del 5,3% hace atractiva para parte del electorado urbano la estabilidad que ofrecería el euro. La resistencia más fuerte viene del sector pesquero rural, que teme que la regulación europea amenace su forma de vida.
Sea cual sea el resultado, el referéndum islandés deja una lectura incómoda para Washington: las amenazas expansionistas sobre el Ártico, lejos de aislar a los países de la región, pueden terminar empujándolos directamente a los brazos de la Unión Europea.
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