La organización Border Resistance, que llevaba semanas asistiendo a personas migrantes en Ceuta, anunció esta semana su retirada de la ciudad por motivos de seguridad. «Ya no podemos trabajar más», resumió su coordinador, Chadi Boukhari, después de que la situación en el terreno se volviera, según la organización, insostenible.
No ha sido el único episodio: un camión de Cruz Roja fue impedido de acceder a la playa del Trampolín mientras un grupo de personas coreaba consignas contra la organización, y varios asentamientos de migrantes fueron incendiados poco después. Horas antes, entre 30 y 40 personas atacaron un vehículo militar en Benzú, dejando cuatro soldados heridos.
El Gobierno atribuye parte del origen de la escalada a un rumor difundido en redes sociales, según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que descartó una implicación directa de Marruecos en los incidentes. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue más allá al señalar que «hasta que no estén todas las personas bajo techo, no se podrá recuperar la normalidad» en la ciudad.
La situación deja un escenario complejo, con actores muy distintos implicados: organizaciones humanitarias que dicen no poder seguir trabajando por las amenazas recibidas, fuerzas de seguridad atacadas mientras hacían su trabajo, y una población migrante que sigue necesitando asistencia básica en medio de todo ello. Separar estos planos —sin restar gravedad a ninguno— es imprescindible para entender lo que ocurre.
Mientras las administraciones buscan respuestas, la pregunta inmediata es más sencilla y más urgente: quién garantiza hoy mismo techo, comida y atención médica a las personas que siguen en la calle, ahora que parte de quienes se encargaban de ello ya no pueden hacerlo con seguridad.
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