Decenas de agricultores aragoneses que colaboraron este verano en la extinción de incendios forestales siguen sin cobrar el combustible que gastaron con su maquinaria agrícola para ayudar a frenar el fuego, semanas después de que las llamas quedaran controladas.
Cuando el fuego avanza más rápido de lo que pueden los medios oficiales, son con frecuencia los propios agricultores quienes salen con sus tractores y cisternas a abrir cortafuegos improvisados o a apagar focos secundarios, muchas veces antes de que lleguen los equipos profesionales de extinción.
Esa colaboración, que en la práctica salva casas, cultivos y vidas, se sostiene sobre una promesa de compensación que después tarda meses en materializarse —cuando lo hace—, dejando a personas que ya trabajan con márgenes ajustados asumiendo un gasto extra que no les corresponde.
El contraste es evidente: se elogia públicamente el papel de estos agricultores como «primera línea» frente al fuego cada vez que hay un incendio grave, pero esa gratitud institucional no se traduce en agilidad administrativa a la hora de pagar lo que se les debe.
Mientras la España rural sigue siendo, verano tras verano, el primer escudo contra el fuego, sus habitantes siguen esperando algo tan básico como que se les pague lo que adelantaron por el bien común. El reconocimiento simbólico no llena un depósito de gasoil.
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