Casi 17.000 personas trabajadoras se han visto afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE) en España entre enero y mayo de este año, un 15,6% más que en el mismo periodo de 2025. Detrás de la cifra fría hay nombres conocidos: Nissan, Nestlé, Glovo, Capgemini o H&M figuran entre las empresas que han recurrido a despidos colectivos en los últimos meses.
El sector servicios concentra el grueso del golpe: siete de cada diez personas afectadas trabajaban en telecomunicaciones, programación informática, comercio o transporte, con un aumento del 16,2% respecto al año anterior. Marzo fue el mes más duro, con más de 5.300 personas afectadas, un 60,9% más que en marzo de 2025.
El mapa territorial también se está moviendo: mientras Cataluña reduce ligeramente su cifra de afectados, Madrid dispara los suyos un 55,3%, y Aragón multiplica por siete los despidos del año anterior, en gran parte por el ajuste de más de 400 empleos en la empresa Majorel. Valencia, por su parte, prácticamente duplica sus cifras.
El Ministerio de Trabajo atribuye el aumento a factores económicos —pérdidas y caída de ingresos— y a procesos de reestructuración empresarial, una explicación técnica que dice poco sobre lo que significa, en la práctica, para cada persona que pierde su empleo en un mercado laboral que sigue premiando la flexibilidad del capital por encima de la estabilidad del trabajo.
Los datos oficiales hablan de ajustes y reestructuraciones; las familias afectadas hablan de incertidumbre, de hipotecas y de currículums que vuelven a circular. Mientras las grandes compañías presentan sus números a inversores, son las personas trabajadoras quienes asumen, una vez más, el coste real del ajuste.
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