Quince ministros de Keiko Fujimori están implicados en procesos e investigaciones penales
Vincenzo Gambaretto 
Keiko Fujimori llegó a la Presidencia de Perú prometiendo seguridad, orden y lucha contra la corrupción. Pero una revisión de las declaraciones juradas de su primer gabinete encontró un dato incómodo: 15 de sus 19 integrantes consignaron investigaciones fiscales, procesos judiciales, acusaciones o antecedentes vinculados a distintos delitos.
Conviene precisar algo desde el principio. Decir que los 15 tienen “antecedentes penales” sería incorrecto. Una investigación no equivale a una condena. Algunos procedimientos terminaron, otros permanecen abiertos y en varios casos los ministros niegan irregularidades. La presunción importa siempre también cuando hablamos de políticos que no nos gustan.
Pero el volumen merece escrutinio. El primer ministro Luis Galarreta declaró investigaciones por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, informó haber afrontado 51 investigaciones; Guillermo Shinno, de Energía y Minas, declaró 20; y Marco Vinelli, de Agricultura, diez. Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, consignó además una sentencia por lesiones culposas, aunque sostiene que posteriormente fue absuelto.
Por eso gobernar exige mejores estándares que simplemente recordar que nadie es culpable hasta que exista sentencia.
Keiko defendió a su gabinete afirmando que había priorizado experiencia y capacidad para resolver los problemas ciudadanos. Mientras tanto, su Gobierno presenta una política de “mano dura” contra el crimen y pide mayores herramientas estatales para combatir la inseguridad.
Ahí aparece la contradicción.
Si la corrupción destruye confianza, el Estado debe exigir transparencia con la misma intensidad con la que exige obediencia a la ciudadanía.
No se trata de declarar culpables a quince ministros.
Se trata de preguntar por qué, entre todos los perfiles disponibles para gobernar Perú, un gabinete recién estrenado acumula semejante cantidad de expedientes.
Porque la ciudadanía merece claridad antes de que quienes prometen limpiar el Estado empiecen a señalar la suciedad únicamente hacia afuera.
About The Author
