José Luis Silva salió a frenar la tala y desapareció: en México, defender el bosque sigue costando demasiado
Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA.
José Luis Silva Andrade salió de su casa el 15 de julio tras escuchar motosierras en los montes cercanos de Agua Fría, en Michoacán. Iba a verificar una posible tala clandestina en la zona de Los Azufres. No volvió. Desde entonces, su desaparición se ha convertido en otra herida abierta en un país donde defender el territorio sigue siendo, demasiadas veces, una actividad de alto riesgo.
La familia sostiene que el contexto no era casual. Su hermano, Rolando Silva Andrade, lleva décadas defendiendo el bosque, el agua y el territorio comunitario, y organizaciones como Front Line Defenders y Prodedh han denunciado amenazas previas de grupos vinculados a talamontes, crimen organizado y actores económicos interesados en el control de la zona. El caso ha sido descrito por estas organizaciones como una posible desaparición forzada o, al menos, como una desaparición estrechamente ligada a la defensa ambiental.
Aquí no desaparece solo un hombre. Desaparece también la promesa de que el Estado va a proteger a quien cuida lo que debería ser de todos. Porque José Luis no se enfrentaba únicamente a unas motosierras: se enfrentaba a un modelo donde el bosque vale menos que el negocio que otros quieren extraer de él.
La violencia contra personas defensoras del ambiente no es excepcional en la región. Global Witness recuerda que América Latina sigue siendo la zona más letal del mundo para quienes protegen tierra y naturaleza, y que México figura de forma recurrente entre los países con más ataques.
Por eso el silencio estatal también pesa. Cada día sin noticias de José Luis agranda la sensación de impunidad y deja un mensaje aterrador para otras comunidades: si te atreves a defender el bosque, puede que el bosque ya no pueda defenderte a ti.
Y sin embargo, el punto no debería ser heroizar el sacrificio.
Debería ser algo mucho más básico: que nadie tenga que desaparecer por intentar frenar una tala ilegal.
Porque cuando cuidar un monte se convierte en una sentencia de muerte, el problema ya no es solo ambiental.
Es profundamente democrático.
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