Primero Javier Milei viajó a Brasil, participó en un acto electoral de Flávio Bolsonaro y aprovechó el escenario para llamar a Luiz Inácio Lula da Silva “ladrón” y “presidiario”. Después Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires. Y ahora Patricia Bullrich reclama al Gobierno brasileño que recomponga la relación.
La política exterior convertida en cerilla y extintor.
El episodio comenzó durante la visita de Milei a São Paulo para respaldar públicamente la candidatura presidencial de Bolsonaro. No se limitó a expresar diferencias políticas: dirigió insultos contra Lula y atacó también al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Brasil calificó las declaraciones de graves e inaceptables y llamó inicialmente a consultas a su embajador Julio Bitelli.
La crisis escaló después. Brasil decidió mantener fuera de Argentina a su embajador y degradó el vínculo al nivel de encargado de negocios, una situación inédita en décadas de relaciones democráticas entre los dos principales socios del Mercosur.
Bullrich pide ahora que Bitelli vuelva y sostiene que hay que separar “la política” de las relaciones institucionales estratégicas.
Precisamente eso era lo que debía haber hecho Milei.
Un presidente puede discrepar de Lula, cuestionar su política económica o apoyar ideológicamente a Bolsonaro. Pero cuando viaja como jefe del Estado argentino, sus palabras dejan de ser únicamente las de un militante en campaña.
Brasil es además un socio económico esencial de Argentina. Empresas, puestos de trabajo, industrias y exportaciones dependen de una relación que ningún Gobierno debería convertir en escenario para la pelea partidista.
Bullrich tiene razón en una cosa: el vínculo debe reconstruirse.
Pero exigir al vecino que regrese sin reconocer primero quién incendió la relación resulta difícil de sostener.
Gobernar un país exige entender que la diplomacia no es un programa de televisión ni una pelea en redes sociales.