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Miles de personas han vuelto a salir a la calle en Japón contra el aumento del gasto militar, la ampliación de exportaciones de armas y el giro de seguridad del Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi. Las protestas llegan en un clima de creciente alineamiento con Estados Unidos, tensiones regionales y críticas ciudadanas a una política exterior que muchos japoneses sienten demasiado cercana a Washington y demasiado débil ante Israel.
No es una protesta cualquiera. Japón construyó su identidad democrática de posguerra sobre el artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra como derecho soberano. Por eso cada paso hacia la “normalización militar”duele de una forma particular: no se discute solo un presupuesto, sino una memoria nacional marcada por Hiroshima, Nagasaki, el militarismo imperial y la promesa de no volver.
El Gobierno niega que esté “remilitarizando” el país y defiende que refuerza capacidades defensivas en un entorno regional difícil. Pero los manifestantes leen otra cosa: más armas, más exportaciones, más dependencia de Estados Unidos y más riesgo de convertir a Japón en pieza de una estrategia bélica ajena.
También pesa la guerra en Oriente Medio. En marzo ya hubo protestas frente al Parlamento contra la reforma constitucional y contra los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. En julio, el malestar volvió a las calles con lemas que colocaban la vida cotidiana por delante del gasto militar.
La pregunta de fondo es universal: cuando un gobierno dice que se arma para proteger a la gente, ¿quién protege a la gente de una política que normaliza la guerra?
Japón sabe mejor que casi nadie que la paz no es ingenuidad. La paz es una decisión política que se defiende antes de que sea demasiado tarde.