Juan Carlos Nieto, trabajador del SEPE en Mérida, denuncia que ha sido expedientado por atender a usuarios sin cita previa cuando su agenda tenía huecos o cuando ya había terminado con las personas citadas. Su frase resume el absurdo: ¿cómo decir que no si la oficina está vacía?
El SEPE niega que el expediente se deba únicamente a la atención sin cita y asegura que existen “múltiples motivos”que no puede hacer públicos por confidencialidad. Pero el caso ya llegó al Defensor del Pueblo, que ha pedido explicaciones al organismo tras años de quejas ciudadanas por la dificultad para conseguir cita previa en oficinas de empleo.
La historia toca una herida muy conocida: la cita previa convertida en muro. Quien pide una prestación por desempleo no está intentando reservar mesa en un restaurante. Muchas veces tiene una hipoteca, alquiler, hijos, recibosy un plazo administrativo que no perdona. Si no consigue cita, el sistema no se retrasa: le retrasa la vida.
La administración necesita orden, sí. La cita previa puede evitar colas y organizar el trabajo. Pero cuando se convierte en condición absoluta incluso con mesas vacías, deja de ser eficiencia y empieza a parecer exclusión burocrática.
El trabajador no denuncia haber saltado normas para beneficiar a amigos. Denuncia haber atendido a personas vulnerables que no lograban entrar por la puerta digital del Estado. Y eso debería abrir una pregunta incómoda: ¿para quién está diseñado un servicio público si castiga a quien intenta hacerlo más humano?
Un Estado social no puede funcionar como ventanilla cerrada. La norma debe ordenar la atención, no impedirla.