Evo Morales ante otra orden de detención: ni persecución política ni impunidad automática
Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA
La Fiscalía de Bolivia ha emitido una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, esta vez por su presunta responsabilidad en la instigación de protestas sociales de mayo y junio contra el Gobierno de Rodrigo Paz. No es el único frente judicial: Morales ya tenía pendiente otra orden de captura vinculada al proceso por presunta trata agravada de personas, después de no comparecer ante la Justicia.
El caso exige una mirada sin atajos. Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia y gobernó durante una etapa de avances sociales, reconocimiento popular y enorme peso histórico. Pero esa trayectoria no lo coloca por encima de la ley. Tampoco permite convertir automáticamente cualquier causa judicial en verdad cerrada antes de juicio.
Sus seguidores denuncian persecución política y “lawfare”. La Fiscalía sostiene que hay procesos abiertos y mandamientos vigentes. En el caso de trata agravada, el tribunal lo declaró en rebeldía tras no presentarse al juicio. En el nuevo expediente, la acusación se relaciona con movilizaciones que pidieron la renuncia del presidente Paz.
Lo peligroso es que Bolivia vuelve a quedar atrapada entre dos lógicas igual de destructivas: una justicia usada como arma política, si se demuestra; o un liderazgo que se refugia en su capital simbólico para no responder ante los tribunales.
La democracia no puede funcionar así. Ni con fiscales al servicio del poder de turno, ni con caudillos intocablesrodeados de militantes para impedir su detención.
Morales debe tener todas las garantías, defensa, debido proceso y protección frente a cualquier montaje político. Pero las víctimas, las instituciones y la ciudadanía también tienen derecho a saber la verdad.
La historia no absuelve a nadie para siempre. Y la justicia, si quiere ser justicia, no puede elegir entre obedecer al Gobierno o obedecer al mito.
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