La médica y defensora de derechos humanos Mahrang Baloch fue condenada a cadena perpetua por un tribunal antiterrorista de Pakistán. Junto a ella también fue condenado el activista Sibghatullah Shahji. La sentencia está vinculada a la muerte de un soldado paramilitar durante una protesta en Gwadar en 2024, pero organizaciones de derechos humanos denuncian graves irregularidades, falta de garantías y una persecución política contra el movimiento baluchi.
Mahrang Baloch no es una figura menor. Es una de las voces más reconocidas contra las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos cometidos en Baluchistán. Desde el Baloch Yakjehti Committee, lideró marchas y protestas pacíficas para exigir respuestas por miles de familias que buscan a sus desaparecidos.
El Estado paquistaní la acusa de delitos graves. Su defensa y organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que el proceso fue injusto y que la sentencia busca silenciar una lucha incómoda. Reuters informó que sus abogados planean apelar. Expertos de Naciones Unidas también condenaron la sentencia y pidieron revisar el caso.
La palabra «terrorismo» se ha convertido demasiadas veces en una herramienta para aplastar disidencias. No porque todo Estado carezca de derecho a investigar violencia, sino porque cuando se aplica contra defensores de derechos humanos sin garantías plenas, el mensaje es claro: protestar puede costarte la vida entera.
Mahrang es médica. Su trabajo político nació del dolor de una comunidad marcada por desapariciones, militarización y silencio. Condenarla a perpetua no resuelve Baluchistán. Lo vuelve más invisible para quienes no quieren mirar.
Cuando una defensora de derechos humanos termina encerrada de por vida por denunciar abusos, la pregunta no es solo qué hizo ella. La pregunta es qué poder necesita una cárcel tan larga para callar una voz.