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La Unión Europea ha desmontado uno de los grandes temores sobre el coche eléctrico: la falta de cargadores. Un análisis de la organización Transport & Environment revela que la potencia pública instalada ha crecido por encima del número de vehículos eléctricos en casi toda la Unión Europea, aunque la infraestructura no está igualmente repartida entre los países del bloque.
A finales de 2025, la Unión Europea contaba con cerca de 1,1 millones de puntos de recarga públicos, cinco veces más que en 2020. El reglamento europeo AFIR exige que cada país ofrezca al menos 1,3 kilovatios de potencia pública por cada turismo eléctrico, y al cierre de marzo de 2026 todos los Estados miembros salvo Malta superaban ya ese mínimo.
El problema aparece cuando se analiza la ubicación de las estaciones. La normativa exige cargadores rápidos de al menos 150 kilovatios separados por un máximo de 60 kilómetros en los principales corredores de transporte, y ahí España concentra buena parte de los tramos pendientes, junto con varios países del centro y el este de Europa.
Según los cálculos de Transport & Environment, bastaría con instalar o mejorar 70 estaciones estratégicas para que Europa supere el 90% de cumplimiento. España necesitaría actuar en 22 puntos, más que cualquier otro país, frente a los 11 de Polonia o los siete de Rumanía, aunque buena parte de esas instalaciones ya existen y solo requieren adaptarse a la normativa.
La red secundaria, la que cubre autopistas regionales y carreteras principales, avanza incluso más rápido de lo previsto: veinte de los 27 Estados miembros ya han cumplido el objetivo fijado para 2027, con año y medio de antelación. El siguiente reto, señalan los expertos, será mejorar la transparencia de las tarifas y la facilidad de pago para quienes dependen de la recarga pública.