Francia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años mientras España sigue sin aprobar su propia ley
Rocío Benítez 
Fuente EFE
El Parlamento francés aprobó de forma definitiva este 21 de julio la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo. El Gobierno galo aspira a aplicar la norma desde el inicio del próximo curso escolar, en septiembre, y la ley incluye también la prohibición del uso de móviles en los institutos.
El proceso arrancó el pasado 27 de enero, cuando la Asamblea Nacional dio su primer respaldo al proyecto con 130 votos a favor frente a 21 en contra, en una votación que incluía además el veto a los móviles en los institutos. Desde entonces la norma ha tenido que superar el trámite del Senado hasta su aprobación definitiva esta semana, un recorrido que sitúa a Francia a la cabeza de un debate europeo cada vez más intenso sobre cómo proteger a la infancia frente a las plataformas digitales.
El paralelismo con España es inevitable: el Gobierno de Pedro Sánchez anunció en febrero un paquete de medidas similar, con la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y la exigencia de responsabilidad penal a los CEO de las plataformas que no retiren contenidos ilegales. Meses después, el Ejecutivo ha presentado la aplicación Cartera Digital Beta para verificar la edad de los usuarios, pero la ley española sigue sin materializarse mientras Francia ya la tiene en vigor.
Francia no está sola en esta tendencia: Reino Unido anunció en junio una prohibición similar para menores de 16 años y Grecia prepara la suya para 2027, siguiendo la estela de Australia, pionera mundial en vetar las redes a los adolescentes. Pero la experiencia australiana también muestra los límites de estas leyes: meses después de su entrada en vigor, miles de menores han recurrido a redes alternativas para sortear el bloqueo, mientras plataformas como Reddit litigan en los tribunales contra la norma. La pregunta de fondo persiste: ¿prohibir basta para proteger a la infancia, o solo desplaza el problema a otro lugar?
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