“Presos en casa” por no tener ascensor: más de 100.000 personas con discapacidad viven atrapadas en edificios sin adaptar en España
Ismael Valdenebro 
20 Minutos
En España, miles de personas con movilidad reducida viven una realidad invisible: no pueden salir de sus propias casas. Se estima que alrededor de 100.000 personas con discapacidad están atrapadas en edificios sin ascensor, una barrera que limita su autonomía y las empuja a una soledad no deseada.
Es el caso de Marta García, que reside en un tercer piso sin ascensor y lleva dos años sin salir de casa salvo para ir al médico. Su parálisis espástica la obliga a usar silla de ruedas, y bajar las escaleras solo es posible con ayuda externa o una ambulancia. “Estoy encerrada”, resume, reflejando una situación que comparten miles de afectados.
La falta de accesibilidad no es un problema aislado. En España, el 22% de los edificios carece de ascensor y más de la mitad de las viviendas son poco o nada accesibles. Aunque la legislación contempla mejoras como rampas obligatorias, la instalación de ascensores sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre vecinos, debido a su alto coste, que puede superar los 90.000 euros, y a las dificultades para acceder a ayudas públicas.
Casos como el de Manuel, de 82 años, evidencian el problema. Vive en un cuarto piso sin ascensor y, pese a su discapacidad, debe enfrentarse a 70 escalones cada vez que sale de casa. Su familia lleva años solicitando la instalación sin éxito, atrapada entre la falta de acuerdo vecinal y la burocracia.
Detrás de esta situación hay dos grandes obstáculos: el factor económico y la falta de consenso en las comunidades de propietarios. Según los expertos, más del 50% de los casos se frenan por el coste y casi la mitad por desacuerdos entre vecinos.
Ante este escenario, el Gobierno prepara una reforma de la ley de dependencia que busca facilitar y forzar las obras de accesibilidad. Entre las medidas, se contempla obligar a las comunidades a solicitar ayudas públicas si un vecino lo pide, reducir el porcentaje de financiación exigido y permitir reclamar judicialmente si se bloquea la obra.
Las organizaciones de personas con discapacidad insisten en que la accesibilidad no es un lujo, sino un derecho básico. La falta de ascensor no solo impide salir a la calle, sino que limita el acceso al trabajo, la educación o la vida social, agravando problemas de salud mental, aislamiento y dependencia.
Porque, más allá de las cifras, la realidad es clara: para miles de personas en España, las escaleras no son solo un obstáculo arquitectónico, sino una barrera que les priva de libertad.
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