En Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, la República Democrática del Congo y el Sahel, mujeres que defienden el agua, la tierra y los bienes comunes están siendo perseguidas, criminalizadas y asesinadas. No por actividades ilegales. Por enfrentarse a proyectos mineros, energéticos y agroindustriales que destruyen territorios y comunidades enteras.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lo documenta en su informe del 8M de 2026: el feminismo no puede ser solo el feminismo de las democracias ricas. Tiene que ser un feminismo internacionalista que conecte la situación de las mujeres en Palestina, en el Sáhara Occidental, en Kurdistán, con las luchas de las mujeres defensoras del territorio en América Latina y África.
Lo que une a todas estas mujeres es que sus cuerpos y sus territorios son tratados como recursos a explotar. Las empresas extractivas —muchas de ellas con sede en Europa o Norteamérica— necesitan tierras, agua y silencio. Las mujeres que se oponen a eso pagan un precio altísimo: amenazas, detenciones, violaciones como arma de intimidación, y en los casos más graves, el asesinato.
Según Global Witness, en 2024 fueron asesinadas 196 personas defensoras del medioambiente en todo el mundo. La mayoría, en América Latina. Un porcentaje creciente, mujeres indígenas y campesinas.
La justicia climática y la justicia de género son la misma lucha. No se puede defender el planeta sin defender a las mujeres que lo cuidan. Y no se puede defender a las mujeres sin atacar el modelo económico que las pone en peligro.
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