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El agua limpia no debería ser un privilegio. Sin embargo, Greenpeace ha lanzado una alerta que toca directamente la salud pública: España debería seguir el ejemplo de Dinamarca y reducir el límite legal de nitratos en el agua de consumo a 6 mg/l para prevenir riesgos de cáncer colorrectal e intestinal.
La organización recuerda que el límite legal actual en la UE es de 50 mg/l, pero Dinamarca ha decidido bajarlo a 6 mg/l tras recomendaciones científicas. Greenpeace pide que España sea el segundo país europeo en adoptar ese nivel de protección.
El dato preocupa: según Greenpeace, más de la mitad de los municipios españoles que analizan nitratos en sus aguas alcanzaron o superaron ese umbral de 6 mg/l en algún momento de 2024. Además, España habría aumentado un 20% sus vertidos de nitrógeno al agua desde 2010.
Los nitratos proceden sobre todo del uso intensivo de fertilizantes y de los residuos de la ganadería industrial. El problema no es solo ambiental: es sanitario, social y territorial. Las zonas rurales no pueden ser tratadas como vertederos invisibles de un modelo agroindustrial que exporta beneficios y deja contaminación.
Beber agua segura es un derecho básico. Y defenderlo implica controlar la contaminación en origen, frenar la expansión de macrogranjas y poner la salud por encima del lobby de la producción intensiva.
El agua no puede cumplir la ley y, aún así, dejar dudas sobre si protege de verdad a quienes la beben.