El fin de las becas comedor condena a un millón de niños a la precariedad alimentaria en verano
Ismael Valdenebro 
Fuente Adobe Stock
El cierre de las aulas por el fin del curso escolar destapa una realidad devastadora: la suspensión de las becas comedor. Alrededor de 980.000 alumnos en España pierden el único plato de comida saludable que tenían garantizado al día, un vacío que se prolonga durante los tres meses estivales y que sitúa a la infancia en el centro de la pobreza extrema. Según denuncia la ONG Educo, la falta de recursos económicos se convierte en una barrera infranqueable que impide a ocho de cada diez familias vulnerables apuntar a sus hijos a campamentos de verano con manutención incluida.
La crisis estival no solo afecta a la nutrición, sino que atenta directamente contra la conciliación y la protección infantil. La organización calcula que unos 120.000 menores de entre seis y diez años se quedarán solos en casa este verano debido a que sus padres no pueden costear los elevados precios de las actividades públicas —que oscilan entre los 120 euros semanales en Madrid y los 194 euros por diez días en Castilla-La Mancha— mientras trabajan. Esta falta de alternativas agrava la desigualdad en un país donde la tasa Arope sitúa al 34,6% de la infancia en riesgo de pobreza, un porcentaje alarmante frente al escaso 13,13% que recibe algún tipo de ayuda para el comedor durante el año.
La exclusión se vuelve especialmente sangrienta en comunidades como Madrid, donde a pesar de que uno de cada tres escolares es pobre, solo el 14% accede a estas ayudas. La plataforma Comedor universal por derecho denuncia, además, la existencia de trabas burocráticas que tachan de racismo institucional: el 60% de las denegaciones económicas afectan a familias migrantes en situación irregular por la imposibilidad de justificar ingresos.
Ante este abandono institucional, se hace urgente un compromiso social político que garantice la justicia social y la ayuda humanitaria dentro de nuestras fronteras. Activar redes de solidaridad que mantengan los comedores abiertos e invertir en la resiliencia comunitaria es indispensable para proteger el desarrollo y la dignidad de la infancia más desfavorecida.
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