Sí que debemos reducir o eliminar la deuda pública pero no a costa de perjudicar a las mayorías sociales
Ángel Rivera 
Archivo/El Solidario. Deuda Pública.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública mundial alcanzó un máximo histórico de 97 billones de dólares en 2023. Esto equivale a más del 90% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
La Deuda Pública es un problema para la economía del Mundo y de cada uno de sus países por los problemas que puede causar.
Entre estos problemas poco se menciona uno de ellos: el considerable gasto público destinado a pagar los intereses y las amortizaciones de los préstamos conseguidos a los bancos y agentes financieros.
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Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2022 el porcentaje del gasto público que se destinó al pago de la deuda pública fue del 11,9% en el conjunto de las economías avanzadas. En los países emergentes y en desarrollo, el porcentaje fue del 10,3%
Pero además la Deuda Pública puede suponer un menor crecimiento económico por el aumento de los tipos de interés que podría llevar implicado su crecimiento, por la desconfianza de los inversores, pero sobre todo porque los estados pierden capacidad inversora y de gasto público social y para la promoción económica.
Además, es indudable por las experiencias que tuvimos en la debacle económica del 2008, que existe un mayor riesgo de esas crisis si se padece una deuda pública significativa.
Si el gobierno no puede pagar sus deudas, puede verse obligado a declarar la suspensión de pagos, algo que los griegos y otros pueblos de Latinoamérica han vivido en sus propias carnes.
Aunque sea un falso dilema, desde los grandes medios de comunicación al servicio de las élites económicas, se establece una relación entre el aumento de la deuda y el gasto públicos asimilando el mismo exclusivamente al gasto social, por lo que se esto lleva a una “obligatoria” reducción de la capacidad del gobierno para proporcionar servicios públicos, como la educación, servicios sociales, pensiones, sanidad, etc.
Pero, el gasto público también es el gasto en compra de armamento militar, en el pago de los intereses de la propia deuda (gasto destinado a los agentes financieros), pagar obras de infraestructuras que responden más a los intereses de las grandes empresas que al interés público, etc.
Sin embargo, estos grandes capítulos del gasto los medios de comunicación tradicionales los mantienen ocultos o al menos minimizan su impacto.
Aunque es necesario tampoco caer en el fundamentalismo de los economistas clásicos que pretenden aplicar la austeridad tomando como coartada a la deuda pública, porque hay que señalar que las deudas de los estados no pueden ser consideradas como las deudas de las familias o las empresas.
Los Estados (a través de sus bancos centrales) tienen la capacidad de generar más dinero que ayuda a mitigar el problema, pero que no puede ser un socorrido recurso porque en ese caso el fantasma de la inflación aparece.
Por tanto, deberíamos de tener un consenso en el objetivo: La reducción y desaparición de la deuda pública. Pero ¿cómo conseguirlo?
La primera medida es lo que se suele denominar “Disciplina fiscal” es decir equilibrar el presupuesto y evitar déficits presupuestarios crónicos. Para eso es necesario dos estrategias evidentes:
1.- Aumentar los ingresos fiscales: A través de la recaudación de impuestos
2.- Reducir el gasto público
Está muy claro que estas dos estrategias tienen un sesgo ideológico muy importante.
En cuanto al aumento de los ingresos fiscales, las políticas conservadoras prefieren gravar más a los trabajadores y PYMEs y menos a las grandes empresas en cuanto a la imposición directa, y suelen preferir aplicar presión fiscal sobre los impuestos indirectos frente al modelo de fiscalidad más progresiva
Mientras que la izquierda normalmente aplica más la progresividad fiscal presionando preferentemente a las rentas más altas y por tanto intentando priorizar la fiscalidad directa, frente a los impuestos indirectos, es decir aquellos que gravan el consumo, la adquisición de bienes y servicios y que no suele distinguir entre consumidores más pobres o más ricos.
En cuanto al gasto público existe también una diferencia notable en las prioridades de la reducción del gasto. A la derecha siempre le ha dado por recortar el gasto social (sanidad, servicios sociales, educación, pensiones, dependencia, etc.) mientras que la izquierda prefiere recortar en gasto militar, subvenciones y ayudas a grandes empresas, etc.
Y en ese capítulo de ayudas a grandes empresas está precisamente el pago de los intereses de la deuda. Supone el 9-12% del gasto público. Este es uno de los conceptos más importante en el capítulo de gastos. Por tanto, es necesario la reducción de la deuda, e incluso su eliminación.
Los Estados tienen herramientas muy poderosas para ello. Desde luego que la más importante es la aplicación de nuevas figuras impositivas a los principales beneficiarios privados de la deuda: los bancos y entidades financieras.
Si lo que el Estado tiene que pagar lo recupera con impuestos a los mismos que se benefician gran parte del problema estaría resuelto. Es evidente que la resistencia social y política de los poderosos bancos no hace nada fácil esta medida necesaria.
Pero muchos países la han aplicado con la moderación que requiere la prudencia y el propio contexto sociopolítico que otorga demasiado poder a las entidades financieras.
Como casi todo lo que compete a la política es un problema de correlación de fuerzas y debilidades entre los actores transformadores (sociedad civil organizada, partidos y Gobiernos en manos de fuerzas progresistas) y los reaccionarios (los bancos y sus aliados mediáticos, empresariales, gobiernos conservadores y en definitiva toda la élite socioeconómica de nuestras sociedades).
La otra herramienta para combatir los efectos negativos de la Deuda pública es la promoción para que los tenedores de la deuda sean organismos del sector público o estrechamente vinculados al mismo, es decir con vocación de servicio a las mayorías.
De hecho, los principales tenedores de la deuda son los bancos centrales, que son organismos supuestamente públicos. Sin embargo, esto en la práctica no suele ser así, porque los más poderosos bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, etc.) están controlados por los propios bancos privados que los ponen a trabajar para sus intereses. Pero unos bancos centrales al servicio de las mayorías dan tranquilidad para que la Deuda no se convierta en una amenaza a la soberanía nacional.
Una figura que ha ido adquiriendo especial relevancia en los últimos años en los mercados internacionales son los fondos soberanos. En este caso los más poderosos son el Government Pension Fund Global (Noruega) que, con un valor de 1,3 billones de dólares, es el fondo soberano más grande del mundo, el siguiente es el fondo Chino (con 1,1 billones), a los que le siguen los de Arabia Saudi, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
Es claro que los beneficios del petróleo están detrás de estos fondos, con excepción del chino. Para Noruega, China o esas petromonarquías la deuda no debe ser un gran problema ya que ellos son deudores y acreedores al mismo tiempo.
Finalmente, la estrategia de disponer de un sector financiero público poderoso es la otra gran herramienta contra los peligros de la Deuda Pública. Es una estrategia muy similar a la anterior: convertirse en deudor y acreedor al mismo tiempo.
En este sentido China vuelve a dar un buen ejemplo. Desde luego que se equivocan los apóstoles del Neoliberalismo cuando acusan de poco eficaz a los bancos públicos.
Los números lo desmienten: los 4 bancos más fuertes del mundo son bancos públicos chinos. El 5º banco es privado: JP Morgan aunque compite en ese puesto con otro gran banco público, el Japan Post Bank.
Pero hay otra idea que deberíamos estar de acuerdo todos: Fomentar el crecimiento económico sostenible puede aumentar los ingresos fiscales y reducir la carga de la deuda en relación con el tamaño de la economía. Una economía más fuerte es una economía que podría endeudarse con menos riesgo o que incluso puede evitar la deuda
Las políticas que fomenten la inversión, la innovación, la soberanía económica de la región y la creación de empleo pueden ser beneficiosas y por tanto son medicina contra la deuda y sobre todo contra la deuda peligrosa.
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