¿Quiénes son las mujeres perseguidas por el régimen de Bukele?
Alfonsina 
Protestas contra el presidente Nayib Bukele en El Salvador / Toma REUTERS / El Solidario
La reciente detención de la abogada Ruth López, y el acoso sistemático contra Ingrid Escobar e Ivania Cruz, exponen una preocupante estrategia de intimidación judicial y policial.
Ruth López, voz anticorrupción silenciada
El caso de Ruth Eleonora López, exjefa de anticorrupción de Cristosal -organización regional de derechos humanos con sede en El Salvador que trabaja en Centroamérica-, es paradigmático. Investigadora de casos como el uso de Pegasus por el gobierno, los abusos ambientales en la mega-cárcel y los contratos opacos durante la pandemia, fue detenida el 18 de mayo.
La Fiscalía General de la República primero la acusó de malversar dinero público y luego de enriquecimiento ilícito, aunque bajo reserva total del proceso, en otras palabras ni la prensa ni la propia acusada conocen las pruebas.
Organismos como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y más de 40 abogados en América Latina han denunciado su detención como un acto represivo y político. Asimismo. López ha declarado: «Soy inocente. Quiero un juicio público«.
Denunciar las muertes carcelarias y defender desplazados tiene su precio, los casos de Ingrid Escobar e Ivania Cruz
Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario -organización no gubernamental salvadoreña que brinda asistencia legal y documentación de derechos humanos-, lleva el registro más completo de muertes en cárceles desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022.
A junio de 2025, registraba 417 fallecimientos, el 94% sin nexos con pandillas. Escobar denuncia una campaña de vigilancia y hostigamiento policial ya que vehículos y patrullas merodean su domicilio. Asimismo, se ha visto forzada a desplazarse por seguridad.
En redes, le ha escrito directamente al presidente: “Bukele, tolera la crítica. Hago responsable al Estado de cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia”.
Ivania Cruz, abogada que defendió a desplazados y denunció abusos del régimen, también ha sido procesada penalmente. Forzada al exilio, su caso se suma a una lista creciente de mujeres que enfrentan la maquinaria judicial por desafiar el discurso oficial.
El operativo de seguimiento y vigilancia ha sido vinculado a Carlos Roberto Hernández, alias «Chirriplín», un exoficial acusado de tortura, espionaje y acoso a la prensa. Fuentes policiales aseguran que dirige una estructura paralela de inteligencia para vigilar a periodistas y activistas.
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Medios internacionales y reacción global 🌍📰
El País, The New York Times, El Faro y otros medios han denunciado estos abusos, vinculándolos a un patrón autoritario en crecimiento. La represión contra mujeres defensoras marca un giro preocupante, se las persigue por informar, por defender, por no callar.
Lo que ocurre en El Salvador no es una excepción, sino una advertencia. Perseguir a mujeres valientes que defienden derechos humanos es atacar el corazón mismo de la democracia. Exigir debido proceso, juicios públicos y protección para activistas ya no es una opción. ¡Es una urgencia!
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