El Ejecutivo ha activado un plan masivo de regularización para subsanar los fallos del actual Reglamento de Extranjería, que dejaba en situación irregular a miles de trabajadores esenciales. Esta medida, que beneficiaría a 500.000 personas, pretende cubrir vacíos legales y reconocer la contribución clave de los inmigrantes en sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería.
Según datos del Ministerio de Inclusión, el 42% de los trabajadores migrantes en España carece de papeles pese a llevar años cotizando. El nuevo plan, que se articulará mediante un procedimiento extraordinario, agilizará los trámites para quienes puedan acreditar arraigo social o laboral, siguiendo el modelo del exitoso proceso de 2005.
La iniciativa llega tras las críticas de ONGs y sindicatos al actual reglamento, que obligaba a los inmigrantes a demostrar tres años de residencia continuada sin ofrecer vías realistas para legalizarse. Un informe de Cáritas revela que el 68% de los casos rechazados correspondía a personas con empleo estable pero con dificultades para documentar su estancia.
Mientras las patronales agrarias celebran la medida (el 30% de los jornaleros son irregulares, según COAG), la oposición la tacha de «amnistía encubierta«. El Gobierno defiende que es una reparación histórica y una inversión: la Seguridad Social podría ingresar 1.200 millones anuales adicionales, según cálculos de Fedea.
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