Pilar 
Archivo: El Solidario. Siete magistrados y magistradas del Tribunal Supremo se someterán a la votación de los vocales en la próxima reunión.
El Ministerio de Igualdad ha denunciado que numerosos juzgados españoles continúan ordenando procesos de mediación entre víctimas de violencia de género y sus agresores, una práctica expresamente prohibida por la Ley Orgánica 1/2004. Los últimos datos revelan que al menos 1 de cada 5 sentencias sobre custodia o régimen de visitas incluye esta medida, pese al riesgo que supone para las mujeres y sus hijos.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2024 se registraron 437 casos de mediación familiar en procesos con antecedentes de violencia machista, lo que supone un 12% más que en 2023. La Fiscalía General del Estado ya ha advertido que esta práctica vulnera el Convenio de Estambul y pone en peligro a las víctimas, al forzar el contacto con sus agresores.
Organizaciones como la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) exigen formación obligatoria en perspectiva de género para todos los operadores jurídicos, ya que el 45% de los jueces no ha recibido capacitación específica sobre violencia machista. Mientras, colectivos feministas recuerdan que la mediación solo es viable cuando existe igualdad real entre las partes, algo imposible en casos de maltrato.
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