Moreno Sanlés Alberto 
ElSolidario: El Ejecutivo da un margen de un año para adaptarse a los nuevos requisitos establecidos en el Real Decreto 159/2023
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada dos reales decretos que suponen un antes y un después en la sanidad animal. A partir de ahora ya no será necesario contar con un veterinario de explotación, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal en las explotaciones ganaderas.
A pesar del carácter voluntario de algunas de las medidas, bastantes responsabilidades continúan siendo obligatorias. Entre ellas, la bioseguridad, el uso responsable de medicamentos veterinarios y la vigilancia de enfermedades. Los controles zoosanitarios por parte de veterinarios seguirán siendo obligatorios, aunque su frecuencia se determinará en función del nivel de riesgo de cada explotación.
La importancia de los controles zoosanitarios
Durante estas visitas, los profesionales evaluarán el estado sanitario de los animales, realizarán recomendaciones técnicas y vigilarán la aparición de posibles signos clínicos de enfermedad. Las explotaciones que voluntariamente decidan contar con un veterinario de explotación serán clasificadas como de menor riesgo sanitario, lo que podría traducirse en menores exigencias administrativas y mayor flexibilidad operativa. A través de estas evaluaciones se decidirá si el plan de bienestar animal será obligatorio u opcional.
En paralelo, el Gobierno ha aprobado un segundo real decreto que adapta la normativa específica para las explotaciones porcinas, bovinas y avícolas. Esta actualización elimina igualmente la obligatoriedad de los planes sanitarios y de bienestar, e incorpora las nuevas obligaciones de vigilancia al Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones (SIGE).
El Ejecutivo da un margen de un año para adaptarse a los nuevos requisitos establecidos en el Real Decreto 159/2023.
Esta flexibilización es el resultado de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. El objetivo principal de estos decretos es reducir la carga burocrática que experimenta el sector, uno de los 43 compromisos adquiridos por el Ministerio en abril de 2024 para mejorar las condiciones de trabajo de agricultores y ganaderos.
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