Fausto 
Europapress/El Solidario. , España ha mantenido un silencio cómplice respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Francisco Franco.
Por primera vez, la Fiscalía General del Estado ha decidido abrir diligencias para investigar un caso de torturas cometidas durante el franquismo. Se trata de un episodio de malos tratos policiales ocurrido en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana (Barcelona) en 1977.
Esta decisión representa un hito en la lucha por la memoria histórica y los derechos humanos, aunque llega con décadas de retraso.
A pesar de la aparente transición democrática, España ha mantenido un silencio cómplice respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Francisco Franco.
La Ley de Amnistía de 1977, utilizada como escudo por los defensores de la impunidad, ha sido una barrera para el esclarecimiento de estos crímenes. Sin embargo, el avance de la Ley de Memoria Democrática ha generado una grieta en ese muro de olvido, permitiendo por primera vez que la justicia explore la verdad silenciada.
La apertura de estas diligencias se produce en un contexto en el que organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, llevan años exigiendo a España que investigue las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Es una vergüenza que haya tenido que pasar casi medio siglo para que el Estado reconozca su deuda histórica con las víctimas del franquismo.
El caso de las torturas en Vía Laietana es emblemático porque esa comisaría fue uno de los principales centros de detención y represión en Cataluña. Numerosos testimonios han denunciado los abusos cometidos allí, sin que hasta ahora se haya avanzado en la rendición de cuentas.
Esta investigación debe ser el primer paso hacia un proceso real de justicia transicional, que implique la identificación y sancón de los responsables, la reparación a las víctimas y la integración de estos hechos en la memoria colectiva.
España no puede seguir siendo una excepción en Europa en materia de justicia para los crímenes del pasado. La democracia no puede construirse sobre la impunidad.
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