Alerta internacional: denuncian desapariciones forzadas de opositores en Nicaragua
Delismar González Tortolero 
Archivo el solidario dando voz a los que no la tienen
Organismos de derechos humanos han encendido las alarmas ante la desaparición forzada de al menos once opositores en Nicaragua, quienes llevan más de cien días sin comunicación con sus familiares ni acceso a representación legal. Esta situación refleja una preocupante escalada en la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra voces disidentes en el país centroamericano.
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Un patrón sistemático de represión y silenciamiento
Entre los desaparecidos se encuentra Angélica Patricia Chavarría Altamirano, de 38 años, pareja del fallecido general en retiro Humberto Ortega, hermano menor del presidente nicaragüense. Chavarría fue detenida el 19 de mayo de 2024, tras una entrevista concedida por Humberto Ortega a Infobae, en la que criticaba el autoritarismo del actual gobierno. Desde el fallecimiento de Humberto Ortega el 30 de septiembre de 2024, no se ha proporcionado información sobre el paradero de Chavarría.
Otro caso es el del coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, de 63 años, detenido el 23 de abril de 2024 en su residencia en Managua. Boitano, conocido por sus críticas al sandinismo y al régimen de Ortega, fue arrestado por individuos vestidos de civil y desde entonces se desconoce su ubicación.
Estos casos se suman a una lista creciente de opositores detenidos arbitrariamente, sin procesos judiciales claros ni acceso a sus familias o abogados. Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más han denunciado que el régimen de Ortega y Murillo ha instaurado una política de desapariciones forzadas, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad extrema y sin garantías legales.
La comunidad internacional exige respuestas y acciones concretas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a varios de los desaparecidos y ha instado al gobierno nicaragüense a informar sobre su paradero y garantizar su integridad. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han brindado información al respecto.
En diciembre de 2024, la Justicia argentina emitió órdenes de captura internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad, basándose en el principio de jurisdicción universal. Esta acción fue celebrada por opositores nicaragüenses como un paso hacia la justicia y la rendición de cuentas.
La situación en Nicaragua es un recordatorio alarmante de cómo los regímenes autoritarios buscan silenciar a quienes defienden la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Es imperativo que la comunidad internacional, junto con movimientos progresistas, se solidarice con el pueblo nicaragüense y exija el cese inmediato de las violaciones a los derechos fundamentales. Solo a través de la presión global y el apoyo mutuo podremos aspirar a un mundo donde la justicia y la dignidad prevalezcan sobre la represión y el miedo.
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