Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. La minería metálica en El Salvador.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley que permite la minería metálica, revirtiendo la prohibición establecida en 2017. Esta decisión ha generado un intenso debate entre quienes ven en la minería una oportunidad económica y aquellos que advierten sobre sus posibles consecuencias ambientales y sociales.
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Un cambio legislativo con promesas económicas
La nueva Ley General de Minería Metálica, impulsada por el presidente Nayib Bukele, busca regular la exploración y explotación de recursos minerales en el país. Según el mandatario, El Salvador posee yacimientos de oro con una alta densidad por kilómetro cuadrado, valorados en aproximadamente 131.000 millones de dólares, equivalentes al 380% del Producto Interno Bruto nacional. Bukele argumenta que la minería responsable podría revitalizar la economía, generar empleo y financiar proyectos ambientales, como la recuperación de ríos y bosques.
La ley establece que el Estado será el único autorizado para realizar actividades mineras, prohibiendo el uso de mercurio y considerando declarar ciertas áreas como no aptas para la minería. Además, se enfatiza la adopción de prácticas sostenibles y tecnologías limpias para minimizar el impacto ambiental.
Preocupaciones ambientales y sociales
A pesar de las promesas económicas, diversos sectores de la sociedad salvadoreña expresan su preocupación por el retorno de la minería metálica. Organizaciones ambientalistas y la Iglesia Católica han manifestado su oposición, destacando los riesgos de contaminación de fuentes de agua vitales, como el río Lempa, que abastece al 70% de la población de San Salvador. El país ya enfrenta desafíos ambientales significativos, con más del 90% de sus aguas superficiales contaminadas y una alta vulnerabilidad al cambio climático.
La experiencia pasada con la minería en El Salvador dejó secuelas de contaminación y conflictos sociales. Entre 2004 y 2017, comunidades locales lucharon contra proyectos mineros que afectaron ríos y tierras agrícolas, resultando en la histórica prohibición de 2017. La reactivación de la minería despierta temores de repetir estos episodios, poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
Tensión política y derechos humanos
La aprobación de la nueva ley también ha generado tensiones políticas y preocupaciones sobre los derechos humanos. En octubre de 2024, cinco ambientalistas que participaron en la lucha contra la minería fueron detenidos bajo cargos relacionados con el conflicto armado de décadas pasadas. Organizaciones internacionales han calificado estos procesos judiciales como políticamente motivados, buscando silenciar la oposición a la minería.
Además, la falta de un debate público amplio y la rapidez en la aprobación de la ley han sido criticadas por diversos sectores, que demandan mayor transparencia y participación ciudadana en decisiones que afectan al medio ambiente y a las comunidades locales.
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