
Tomada de Huffspot: Foto de archivo de Juan García-Gallardo con Alfonso Fernández Mañueco
El Partido Popular ha expresado su desacuerdo con la reciente retirada de una ley clave por parte del Gobierno, que suspendía el impuesto sobre la producción eléctrica del 7%.
Esta medida, acordada previamente entre el PP y Junts, fue vista como una solución para aliviar las facturas de electricidad, especialmente en un contexto de creciente presión inflacionaria.
El impuesto eléctrico y sus consecuencias para la economía doméstica
Juan Bravo, portavoz económico del PP, denunció que la suspensión de este impuesto contribuiría a una reducción significativa del coste de la electricidad, especialmente para las clases medias y bajas. Aseguró que el Gobierno, al revertir esta medida y no aplicar rebajas fiscales, está generando un aumento en el IPC (Índice de Precios al Consumo), que se elevó un 0,4% en febrero. En su opinión, la falta de apoyo gubernamental a esta rebaja fiscal es la principal causa de los repuntes en los precios, afectando especialmente a los hogares que ya luchan contra los altos costos de la energía.
El impacto de las decisiones fiscales
El debate sobre el impuesto eléctrico se enmarca en un contexto más amplio de lucha contra la inflación, que afecta de manera desigual a las familias de rentas más bajas. ¿Debería el Gobierno reconsiderar sus políticas fiscales para frenar el impacto de la energía sobre el IPC y aliviar la carga económica de las clases más vulnerables?
¿Cómo equilibrar la sostenibilidad fiscal con el apoyo a los sectores más desfavorecidos?
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