Cerca de 60 migrantes en situación de desamparo y precariedad desalojados de chabolas en Almería
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: rtve.es. El Solidario. Un migrante camina en el Cortijo El Uno de San Isidro, en Níjar (Almería).
En una operación que ha dejado a cerca de 60 migrantes, incluyendo nueve menores, sin hogar ni asistencia, las autoridades desalojaron este martes el asentamiento chabolista del cortijo El Uno en Níjar, Almería.
La acción, ejecutada por orden judicial, ha sido criticada por organizaciones sociales debido a la ausencia de alternativas habitacionales y apoyo por parte de las administraciones.
El desalojo se llevó a cabo a las 9:40 horas, siguiendo la orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, tras la denuncia del propietario del terreno.
La comitiva judicial, acompañada por la Guardia Civil y la Policía Local de Níjar, supervisó la demolición de las infraviviendas para evitar su reutilización.
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Aunque la operación transcurrió sin incidentes, dejó a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
A pesar de las advertencias previas de organizaciones como Almería Acoge y el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), que alertaron sobre la falta de soluciones habitacionales para los afectados, las administraciones locales y autonómicas no ofrecieron alternativas.
El Ayuntamiento de Níjar argumentó que, al tratarse de una propiedad privada, la responsabilidad no recaía en ellos y que carecían de recursos para intervenir.
Familias desatendidas, esperanzas perdidas
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, instó al Ayuntamiento de Níjar a adoptar medidas urgentes para atender a las familias desalojadas, especialmente a los menores, y a coordinarse con otras administraciones para evitar que quedaran sin hogar.
Sin embargo, estas recomendaciones no fueron atendidas, y las familias se vieron obligadas a buscar refugio por sus propios medios.
La responsabilidad de esta situación ha sido objeto de debate. Mientras el Ayuntamiento se desentiende al considerar el asunto como un problema entre privados, las organizaciones sociales señalan la falta de coordinación y voluntad política para abordar la problemática de los asentamientos chabolistas en la región.
Destacan que, aunque existen viviendas municipales vacías y equipadas, no se han puesto a disposición de estas familias.
Como solución a largo plazo, se propone la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para los trabajadores agrícolas migrantes, quienes contribuyen significativamente a la economía local.
Además, se hace un llamado a una mayor coordinación entre las distintas administraciones y a la colaboración con las entidades sociales para desarrollar planes integrales que aborden la inclusión social y laboral de estas personas, evitando futuros desalojos y situaciones de desamparo.
Este desalojo pone de manifiesto la precariedad y el desamparo en el que viven muchos trabajadores agrícolas en Almería, y la urgente necesidad de soluciones estructurales que respeten sus derechos fundamentales.
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