La Comunidad de Madrid ha cesado sin indemnización a una treintena de trabajadores del servicio de emergencias SUMMA 112 que acumulaban 25 años de servicio. Estos empleados, que desempeñaban funciones esenciales en la atención de emergencias, se encontraban en una situación de interinidad prolongada. El cese se produjo tras la finalización de un proceso selectivo en el que no lograron obtener una plaza fija.
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El cese se notificó pocos días después mediante un comunicado telemático firmado por el director gerente, quien alegó la «amortización de la plaza» como causa. A pesar de su extensa trayectoria en emergencias, estos empleados no recibirán compensación económica, una decisión que ha generado indignación y preocupación por la precarización laboral en el sector público.
El SUMMA 112, encargado de gestionar los servicios de urgencias terrestres y aéreas en la Comunidad de Madrid, se creó tras la transferencia de competencias de Sanidad a las Comunidades Autónomas, fusionando los servicios del antiguo 061 y el SERCAM. Los trabajadores despedidos, contratados en esa época inicial como «interinos estatutarios,» aseguran que sus plazas nunca fueron cubiertas por opositores, pese a lo estipulado, manteniéndolos en una situación de precariedad laboral durante 25 años. Ahora cesados, denuncian haber estado en fraude de ley todo ese tiempo.
Sin reubicación ni apoyo sindical
Los trabajadores despedidos del SUMMA 112 denuncian que la Consejería de Sanidad no les ofreció ninguna alternativa para reubicarse en otros departamentos, pese a sus 25 años de experiencia. Afirman sentirse desechados «como basura,» especialmente considerando que muchos tienen más de 50 años y responsabilidades familiares, lo que dificulta su reinserción laboral. Además, critican la falta de respaldo por parte de los sindicatos del sector, que conocían su situación.
Este suceso pone de relieve la precariedad laboral en la que se encuentran muchos trabajadores públicos en España. La interinidad prolongada y la falta de estabilidad laboral son problemas recurrentes en diversas administraciones. En noviembre de 2024, la Justicia obligó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a readmitir a la plantilla de una escuela infantil tras considerar improcedente su despido.
La situación de los trabajadores del servicio de emergencias es especialmente preocupante debido a la naturaleza crítica de sus funciones. Estos profesionales han dedicado más de dos décadas a garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía madrileña. Su cese sin indemnización no solo supone una injusticia laboral, sino que también podría afectar la calidad del servicio de emergencias.
Estas situaciones evidencian la necesidad de abordar de manera urgente la problemática de la temporalidad y la precariedad en el sector público.
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