Fausto 
El Solidario. MUFACE
La reciente denuncia de una mutualista de MUFACE, obligada a pagar de su bolsillo un servicio médico de teleasistencia, pone en evidencia las carencias y contradicciones del sistema sanitario privado vinculado a esta mutualidad.
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A pesar de los intentos del Gobierno por frenar la huida de aseguradoras ofreciendo mayores recursos económicos, las consecuencias de delegar la salud pública en manos privadas afectan gravemente a los grandes dependientes y al funcionariado que opta por estos servicios.
MUFACE y la privatización de la salud
El modelo de MUFACE permite que funcionarios elijan entre recibir atención sanitaria pública o contratar seguros privados financiados por la mutualidad. Sin embargo, esta opción, que en teoría debía garantizar igualdad de acceso, ha mostrado ser ineficiente y costosa para los usuarios.
Como en el caso de la mutualista afectada, que tuvo que asumir los gastos de su teleasistencia, se evidencia que las aseguradoras priorizan su rentabilidad económica por encima de las necesidades de los pacientes.
El Gobierno, en lugar de reforzar el sistema público, ha optado por destinar mayores fondos a estas compañías privadas con el objetivo de mantener su participación en MUFACE. Este parche no resuelve el problema de fondo: la mercantilización de la salud y su impacto en los sectores más vulnerables, como los grandes dependientes.
El fracaso de la privatización sanitaria
La experiencia de MUFACE es un reflejo de las limitaciones inherentes a los modelos privatizados de salud. Mientras que las aseguradoras priorizan la rentabilidad, los pacientes, especialmente los que necesitan asistencia continua, ven cómo sus derechos se convierten en un servicio restringido y condicionado a pagos adicionales.
Este modelo, lejos de garantizar la universalidad de la salud, profundiza las desigualdades y deja desprotegidas a las personas con mayor necesidad.
La solución no pasa por inyectar más dinero a las aseguradoras, sino por fortalecer un sistema de sanidad pública que garantice la universalidad, equidad y accesibilidad a todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios. La salud no puede ser un negocio ni un privilegio; debe ser un derecho inalienable.
El caso de MUFACE debe ser un llamado de atención para revisar a fondo un modelo que, en su búsqueda de eficiencia económica, sacrifica la dignidad y los derechos de las personas. España necesita retomar el compromiso con una sanidad pública y de calidad, dejando atrás los experimentos privatizadores que solo benefician a unos pocos. ¿Estás de acuerdo con este modelo de sanidad? Te leemos en los comentarios.
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