En el Perú de Dina Boluarte, la independencia judicial enfrenta su mayor desafío. Mientras el gobierno lanza ataques contra magistrados que condenaron a expresidentes por corrupción, las alarmas sobre el debilitamiento del estado de derecho no dejan de sonar. Esta pugna política amenaza con retrocesos en la lucha contra la corrupción y pone en juego el equilibrio democrático del país.
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Un enfrentamiento que despierta alarma
El gobierno de Dina Boluarte, en medio de un clima de tensiones políticas y sociales, ha lanzado una ofensiva contra jueces que han marcado precedentes históricos al condenar a expresidentes por corrupción. Este movimiento desata la preocupación de expertos y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de debilitar la independencia judicial en un país con un pasado marcado por escándalos políticos y corrupción sistémica.
Desde su ascenso al poder, Boluarte enfrenta críticas sobre cómo su administración maneja la separación de poderes. El caso más preocupante es el de los ataques hacia magistrados que investigan y sancionan hechos de corrupción de alto nivel, como los que involucraron a cuatro expresidentes en los últimos años. Estas acciones, además de polarizar aún más el panorama político peruano, reavivan cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho y la justicia.
En un país donde la población aún recuerda las sombras de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, el mensaje de Boluarte parece amenazar los esfuerzos por avanzar hacia un futuro más transparente. Los recientes ataques al Poder Judicial son vistos como un retroceso que puede abrir la puerta a la impunidad, mientras las voces ciudadanas y de organismos internacionales exigen una actuación firme para defender el sistema judicial de presiones políticas.
¿Qué puede significar esta ofensiva para el futuro del Perú?
El impacto de estas acciones sobre el equilibrio democrático del país es una cuestión central que genera debate y preocupación.
¿Podrá el sistema judicial resistir las presiones del poder ejecutivo y mantener su independencia?
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